Se alarga la disputa entre la Cámara Baja del Congreso brasile?o y el Ministerio de Hacienda para decidir la mejor forma de regular las apuestas deportivas del gigante sudamericano.

Este surge a raíz de los planes fallidos para aprobar una medida de emergencia de para que el gobierno pudiera recibir ingresos fiscales de la considerable industria gris que capitaliza el mercado brasile?o de apuestas deportivas.

Propuesta por el Ministerio de Hacienda, esta medida provisional, a pesar de estar sujeta a la aprobación del Congreso, habría tenido el efecto más inmediato, permitiendo a los funcionarios de Brasil la capacidad de legalizar y regular las apuestas deportivas.

Sin embargo, se cree que los asesores del presidente Lula le han disuadido del proyecto de ley. Esto se debe a que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, estaba en contra de la medida y, desde una posición en la que no tiene una mayoría significativa en la cámara, el presidente se negó a firmar el plan de emergencia.

La falta de influencia del presidente Lula en el Congreso brasile?o se manifiesta en los últimos a?os, cuando Lira y la cámara baja del Congreso han aprovechado su poder para detener la legalización de las apuestas deportivas. Por el contrario, han optado por un proceso más largo y deliberado para presentar la legalización como un proyecto legislativo ordinario.

La situación ya compleja ha empeorado al producirse una serie de acusaciones de partidos ama?ados de gran repercusión, que han implicado incluso a jugadores de la Major League Soccer estadounidense.

En respuesta al escándalo, el Congreso brasile?o ha puesto en marcha una comisión parlamentaria de investigación que deberá presentar sus resultados a la cámara como muy pronto en septiembre.

En relación con la comisión, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha impuesto castigos a 7 jugadores por recibir ilícitamente pagos de sobornos para cumplir diversos resultados de partidos, como amonestaciones o penaltis.

La investigación, aunque totalmente necesaria, ralentizará inevitablemente el progreso hacia cualquier forma de legislación federal sobre apuestas deportivas, ya que las conclusiones de la comisión serán de inmensa importancia para los legisladores a la hora de decidir el marco regulador a aplicar.

Una mayor agitación política podría provocar que la situación se vuelva aún más problemática, ya que el diputado Bacelar, del estado norte?o de Bahía, ha convocado al exministro de Economía del presidente Bolsonaro, Paolo Guedes.

Se trata de una disputa retrospectiva similar, en relación con el retraso en la regulación de las apuestas deportivas, un tema evidentemente histórico para la legislatura brasile?a.

De acuerdo con una ley de diciembre de 2018, el Ministerio de Hacienda debía, de hecho, haber introducido las apuestas fijas en un plazo de 4 a?os, que expiró al final del mandato presidencial de Bolsonaro, sin resultado.

Bacelar quiere investigar por qué esto no ocurrió, lo que implica fuertemente una probabilidad de juego sucio.

Además, el abogado brasile?o especializado en juegos de azar Luiz Felipe Maia, socio fundador de Maia Yoshiyasu, ha explicado cómo estas cuestiones no solo causarán un estancamiento individual, sino también colectivo:

Si no negocian adecuadamente con el Congreso antes de publicar la medida provisional, entonces el Congreso puede rechazarla diciendo: ‘Vale, esta regulación está pendiente desde hace más de cuatro a?os. ?Por qué la urgencia?

Debido a todas estas cuestiones pendientes y a la falta de cooperación, un proyecto de ley regulador parece ser la acción más probable. La conclusión de la comisión sobre la corrupción deportiva que será el catalizador para progresar, sin embargo, esto no es ninguna garantía.

Independientemente de cuándo se alcance el consenso federal, el retraso de las apuestas deportivas también podría significar otro problema en el futuro. A nivel estatal, la legalización ha avanzado mucho más con la reciente emisión de una licencia relevante que inaugura la industria a nivel estatal en Río de Janeiro. Los estados de Paraná y Paraíba también deben seguir el ejemplo.

Si una mala planificación legislativa hace que estas licencias sean incongruentes con la eventual legislación federal, el gobierno podría sufrir una catástrofe financiera.

Muchos reguladores podrían optar por renunciar al registro legal y seguir operando en el mercado gris, aún dominante en la mayoría de los casos, tras haber solicitado una licencia a nivel estatal, por ejemplo.

Esto frustraría el propósito más importante de este movimiento regulador, lo que significaría que el gobierno seguiría perdiendo los miles de millones de dólares que se pierden en ingresos derivados de los impuestos.

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